Ante una ley genocida (VI)


Para iluminar esta difícil cuestión moral es necesario tener en cuenta los principios generales sobre la cooperación en acciones moralmente malas. Los cristianos, como todos los hombres de buena voluntad, están llamados, por un grave deber de conciencia, a no prestar su colaboración formal a aquellas prácticas que, aun permitidas por la legislación civil, se oponen a la Ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente en el mal. Esta cooperación se produce cuando la acción realizada, o por su misma naturaleza o por la configuración que asume en un contexto concreto, se califica como colaboración directa en un acto contra la vida humana inocente o como participación en la intención inmoral del agente principal. Esta cooperación nunca puede justificarse invocando el respeto de la libertad de los demás, ni apoyarse en el hecho de que la ley civil la prevea y exija. En efecto, los actos que cada uno realiza personalmente tienen una responsabilidad moral, a la que nadie puede nunca substraerse y sobre la cual cada uno será juzgado por Dios mismo (cf. Rm 2, 6; 14, 12).

El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Si no fuera así, se obligaría a la persona humana a realizar una acción intrínsecamente incompatible con su dignidad y, de este modo, su misma libertad, cuyo sentido y fin auténticos residen en su orientación a la verdad y al bien, quedaría radicalmente comprometida. Se trata, por tanto, de un derecho esencial que, como tal, debería estar previsto y protegido por la misma ley civil. En este sentido, la posibilidad de rechazar la participación en la fase consultiva, preparatoria y ejecutiva de semejantes actos contra la vida debería asegurarse a los médicos, a los agentes sanitarios y a los responsables de las instituciones hospitalarias, de las clínicas y casas de salud. Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional.

Y mientras, como pueblo peregrino, pueblo de la vida y para la vida, caminamos confiados hacia “un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 21, 1), dirigimos la mirada a aquélla que es para nosotros “señal de esperanza cierta y de consuelo”.

Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a Ti confiamos la causa de la vida: mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida.

Fuente: San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae

Ante una ley genocida (V)


En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto.

Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras Naciones -particularmente aquéllas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas- van apareciendo señales de revisión. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos.

La introducción de legislaciones injustas pone con frecuencia a los hombres moralmente rectos ante difíciles problemas de conciencia en materia de colaboración, debido a la obligatoria afirmación del propio derecho a no ser forzados a participar en acciones moralmente malas. A veces las opciones que se imponen son dolorosas y pueden exigir el sacrificio de posiciones profesionales consolidadas o la renuncia a perspectivas legítimas de avance en la carrera. En otros casos, puede suceder que el cumplimiento de algunas acciones en sí mismas indiferentes, o incluso positivas, previstas en el articulado de legislaciones globalmente injustas, permita la salvaguarda de vidas humanas amenazadas. Por otra parte, sin embargo, se puede temer justamente que la disponibilidad a cumplir tales acciones no sólo conlleve escándalo y favorezca el debilitamiento de la necesaria oposición a los atentados contra la vida, sino que lleve insensiblemente a ir cediendo cada vez más a una lógica permisiva.

Fuente: San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae

Ante una ley genocida (IV)


En continuidad con toda la tradición de la Iglesia se encuentra también la doctrina sobre la necesaria conformidad de la ley civil con la ley moral, tal y como se recoge, en la encíclica Pacem in terris de Juan XXIII: “La autoridad es postulada por el orden moral y deriva de Dios. Por lo tanto, si las leyes o preceptos de los gobernantes estuvieran en contradicción con aquel orden y, consiguientemente, en contradicción con la voluntad de Dios, no tendrían fuerza para obligar en conciencia...; más aún, en tal caso, la autoridad dejaría de ser tal y degeneraría en abuso”. Esta es una clara enseñanza de santo Tomás de Aquino, que entre otras cosas escribe: “La ley humana es tal en cuanto está conforme con la recta razón y, por tanto, deriva de la ley eterna. En cambio, cuando una ley está en contraste con la razón, se la denomina ley inicua; sin embargo, en este caso deja de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia”. Y añade: “Toda ley puesta por los hombres tiene razón de ley en cuanto deriva de la ley natural. Por el contrario, si contradice en cualquier cosa a la ley natural, entonces no será ley sino corrupción de la ley”.

La primera y más inmediata aplicación de esta doctrina hace referencia a la ley humana que niega el derecho fundamental y originario a la vida, derecho propio de todo hombre. Así, las leyes que, como el aborto y la eutanasia, legitiman la eliminación directa de seres humanos inocentes están en total e insuperable contradicción con el derecho inviolable a la vida inherente a todos los hombres, y niegan, por tanto, la igualdad de todos ante la ley. Se podría objetar que éste no es el caso de la eutanasia, cuando es pedida por el sujeto interesado con plena conciencia. Pero un Estado que legitimase una petición de este tipo y autorizase a llevarla a cabo, estaría legalizando un caso de suicidio-homicidio, contra los principios fundamentales de que no se puede disponer de la vida y de la tutela de toda vida inocente. De este modo se favorece una disminución del respeto a la vida y se abre camino a comportamientos destructivos de la confianza en las relaciones sociales.

Por tanto, las leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se oponen radicalmente no sólo al bien del individuo, sino también al bien común y, por consiguiente, están privadas totalmente de auténtica validez jurídica. En efecto, la negación del derecho a la vida, precisamente porque lleva a eliminar la persona en cuyo servicio tiene la sociedad su razón de existir, es lo que se contrapone más directa e irreparablemente a la posibilidad de realizar el bien común. De esto se sigue que, cuando una ley civil legitima el aborto o la eutanasia deja de ser, por ello mismo, una verdadera ley civil moralmente vinculante.

Así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, pero al mismo tiempo enseñó firmemente que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5, 29). Ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación a las amenazas contra la vida, encontramos un ejemplo significativo de resistencia a la orden injusta de la autoridad. Las comadronas de los hebreos se opusieron al faraón, que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas “no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños” (Ex 1, 17). Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento: “Las parteras temían a Dios”. Es precisamente de la obediencia a Dios -a quien sólo se debe aquel temor que es reconocimiento de su absoluta soberanía- de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada, en la certeza de que “aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos” (Ap 13, 10).

Fuente: San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae

Ante una ley genocida (III)


Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge pues descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben sólo reconocer, respetar y promover.

En este sentido, es necesario tener en cuenta los elementos fundamentales del conjunto de las relaciones entre ley civil y ley moral, tal como son propuestos por la Iglesia, pero que forman parte también del patrimonio de las grandes tradiciones jurídicas de la humanidad.

Ciertamente, el cometido de la ley civil es diverso y de ámbito más limitado que el de la ley moral. Sin embargo, “en ningún ámbito de la vida la ley civil puede sustituir a la conciencia ni dictar normas que excedan la propia competencia”, que es la de asegurar el bien común de las personas, mediante el reconocimiento y la defensa de sus derechos fundamentales, la promoción de la paz y de la moralidad pública. En efecto, la función de la ley civil consiste en garantizar una ordenada convivencia social en la verdadera justicia, para que todos “podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad” (1 Tm 2, 2). Precisamente por esto, la ley civil debe asegurar a todos los miembros de la sociedad el respeto de algunos derechos fundamentales, que pertenecen originariamente a la persona y que toda ley positiva debe reconocer y garantizar. Entre ellos el primero y fundamental es el derecho inviolable de cada ser humano inocente a la vida. Si la autoridad pública puede, a veces, renunciar a reprimir aquello que provocaría, de estar prohibido, un daño más grave, sin embargo, nunca puede aceptar legitimar, como derecho de los individuos -aunque éstos fueran la mayoría de los miembros de la sociedad-, la ofensa infligida a otras personas mediante la negación de un derecho suyo tan fundamental como el de la vida. La tolerancia legal del aborto o de la eutanasia no puede de ningún modo invocar el respeto de la conciencia de los demás, precisamente porque la sociedad tiene el derecho y el deber de protegerse de los abusos que se pueden dar en nombre de la conciencia y bajo el pretexto de la libertad.

A este propósito, Juan XXIII recordó en la Encíclica Pacem in terris: “En la época moderna se considera realizado el bien común cuando se han salvado los derechos y los deberes de la persona humana. De ahí que los deberes fundamentales de los poderes públicos consisten sobre todo en reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover aquellos derechos, y en contribuir por consiguiente a hacer más fácil el cumplimiento de los respectivos deberes. Tutelar el intangible campo de los derechos de la persona humana y hacer fácil el cumplimiento de sus obligaciones, tal es el deber esencial de los poderes públicos. Por esta razón, aquellos magistrados que no reconozcan los derechos del hombre o los atropellen, no sólo faltan ellos mismos a su deber, sino que carece de obligatoriedad lo que ellos prescriban”.

Fuente: San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae

Ante una ley genocida (II)


La raíz común de todas estas tendencias es el relativismo ético que caracteriza muchos aspectos de la cultura contemporánea. No falta quien considera este relativismo como una condición de la democracia, ya que sólo él garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia.

Sin embargo, es precisamente la problemática del respeto de la vida la que muestra los equívocos y contradicciones, con sus terribles resultados prácticos, que se encubren en esta postura.

Es cierto que en la historia ha habido casos en los que se han cometido crímenes en nombre de la “verdad”. Pero crímenes no menos graves y radicales negaciones de la libertad se han cometido y se siguen cometiendo también en nombre del “relativismo ético”. Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida humana aún no nacida, inclusive con ciertas condiciones, ¿acaso no adopta una decisión “tiránica” respecto al ser humano más débil e indefenso? La conciencia universal reacciona justamente ante los crímenes contra la humanidad, de los que nuestro siglo ha tenido tristes experiencias. ¿Acaso estos crímenes dejarían de serlo si, en vez de haber sido cometidos por tiranos sin escrúpulo, hubieran estado legitimados por el consenso popular?

En realidad, la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente, es un “ordenamiento” y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter “moral” no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse; esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Si hoy se percibe un consenso casi universal sobre el valor de la democracia, esto se considera un positivo “signo de los tiempos”, como también el Magisterio de la Iglesia ha puesto de relieve varias veces. Pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve: fundamentales e imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como considerar el “bien común” como fin y criterio regulador de la vida política.

En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles “mayorías” de opinión, sino sólo el reconocimiento de una ley moral objetiva que, en cuanto “ley natural” inscrita en el corazón del hombre, es punto de referencia normativa de la misma ley civil. Si, por una trágica ofuscación de la conciencia colectiva, el escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos y contrapuestos.

Alguien podría pensar que semejante función, a falta de algo mejor, es también válida para los fines de la paz social. Aun reconociendo un cierto aspecto de verdad en esta valoración, es difícil no ver cómo, sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable, tanto más que la paz no fundamentada sobre los valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre todos los hombres, es a menudo ilusoria. En efecto, en los mismos regímenes participativos la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no sólo las palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía.

Fuente: San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae

La actitud de un gobernante


En la mañana del 4 de abril de 1990, la radio transmite una noticia inaudita: ¡Bélgica ya no tiene rey! Al negarse a firmar Balduino la ley que autoriza el aborto, el gobierno ha declarado su imposibilidad de reinar. El 29 de marzo, el Parlamento había aprobado una ley que liberalizaba el aborto, aceptada por el Senado el 6 de noviembre anterior. Según la Constitución belga, ninguna ley votada por ese procedimiento en las cámaras puede ser promulgada sin la firma del rey.

Parece ser que, en nuestras sociedades, el voto de una mayoría no se discute y es suficiente para que una ley sea legítima. Sin embargo, en su encíclica Evangelium vitæ, publicada el 25 de marzo de 1995, el Papa Juan Pablo II recordará que el voto democrático no es incuestionable: “En la cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría”. En realidad, la democracia no puede mitificarse. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse” (69-70). El rey Balduino se encuentra en la situación que Juan Pablo II describirá en la misma encíclica: “La introducción de legislaciones injustas pone con frecuencia a los hombres moralmente rectos ante difíciles problemas de conciencia en materia de colaboración, debido a la obligatoria afirmación del propio derecho a no ser forzados a participar en acciones moralmente malas. A veces las opciones que se imponen son dolorosas y pueden exigir el sacrificio de posiciones profesionales consolidadas” (Ibíd., 74). Balduino sabe que, al negarse a firmar, se expone a la incomprensión de numerosos de sus conciudadanos de sentido moral débil, y se arriesga incluso a tener que abdicar.

Así pues, la ley del aborto aprobada por el Parlamento belga está en contradicción con el bien, expresado por la ley de Dios. “Entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. El Concilio Vaticano II lo define, junto con el infanticidio, como “crímenes nefandos” (Gaudium et spes, 51). Hoy, sin embargo, la percepción de su gravedad se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental a la vida. El aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la Ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón, y proclamada por la Iglesia” (Evangelium vitæ, 58, 62).

El respeto a la vida del niño por nacer es un principio sagrado y universal: “El niño -había declarado el rey Balduino unos meses antes-, en razón de su falta de madurez física e intelectual, necesita una protección especial, unos cuidados especiales, principalmente una protección jurídica adecuada, tanto antes como después de nacer”. Sabedor de que deberá rendir cuentas a Dios de sus decisiones, Balduino escribe a su primer ministro: “Este proyecto de ley me provoca un grave problema de conciencia. Si firmara ese proyecto de ley considero que estaría asumiendo inevitablemente cierta corresponsabilidad. Es algo que no puedo hacer”.

La fidelidad hacia sus deberes de estado en los actos normales ha preparado al rey para ese acto ejemplar que da testimonio de una conciencia recta, perfectamente dócil a la voz de Dios. “La conciencia -dice san Buenaventura- es como un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey” (Veritatis splendor, 58). “Ciertamente, para tener una “conciencia recta” (1 Tim 1, 5), el hombre debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad. La Iglesia se pone sólo y siempre al servicio de la conciencia, ayudándola a no ser zarandeada aquí y allá por cualquier viento de doctrina según el engaño de los hombres (cf. Ef 4, 14), a no desviarse de la verdad sobre el bien del hombre, sino a alcanzar con seguridad, especialmente en las cuestiones más difíciles, la verdad y a mantenerse en ella” (Ibid., 62, 64).

El Papa Juan Pablo II lo calificó de “rey ejemplar” y de “cristiano ferviente”.

Fuente: Dom Antoine Marie, Cartas espirituales, 9 de agosto de 2006

Una Santa contra el aborto (III)


El 25 de abril de 1994, con motivo de su beatificación, el Papa Juan Pablo II llegará a decir: “Gianna Beretta Molla supo entregar su vida en sacrificio, para que el ser que llevaba en su seno -y que se encuentra hoy entre nosotros- pudiera vivir. Como médico, era consciente de lo que le esperaba, pero no retrocedió ante el sacrificio, confirmando de ese modo la heroicidad de sus virtudes. Es nuestro deseo rendir homenaje a todas las madres valerosas, que se dedican sin reservas a su familia, y que están dispuestas a no escatimar pena alguna, a hacer todos los sacrificios, para transmitirles lo mejor de ellas... ¡Cuánto deben luchar contra las dificultades y los peligros! ¡Cuántas veces son llamadas a enfrentarse a verdaderos “lobos” decididos a quitar la vida y a dispersar el rebaño! Y esas madres heroicas no siempre reciben apoyo de su entorno. Al contrario, los modelos de sociedad, promovidos y propagados con frecuencia por los medios de comunicación, no favorecen la maternidad. Hoy en día, en nombre del progreso y de la modernidad, los valores de fidelidad, castidad y sacrificio, por los que numerosas esposas y madres cristianas se distinguen y continúan distinguiéndose, se presentan como superados. Sucede entonces que una mujer que decide ser coherente con sus principios se siente profundamente sola. Sola con su amor, al que no puede traicionar y al que debe permanecer fiel. Su principio conductor es Cristo, que nos ha revelado ese amor que nos prodiga el Padre. Una madre que cree en Cristo encuentra un enorme apoyo en ese amor que todo lo soportó. Se trata de un amor que le permite creer que lo que hace por un hijo concebido, traído al mundo, adolescente o adulto, lo hace al mismo tiempo por un hijo de Dios. Como lo escribe san Juan, Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! (1 Jn 3, 1). Somos hijos de Dios, y cuando esa realidad se manifieste plenamente seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es”.

El Papa manifiesta igualmente su solicitud paternal con las mujeres que han recurrido al aborto mediante las siguientes palabras de ánimo de la Encíclica Evangelium vitae: “La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión, y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento: el Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación... Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida... seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre.

“Recemos juntos a fin de tener la valentía de defender al niño que va a nacer y de darle la posibilidad de amar y de ser amado -decía la madre Teresa de Calcuta-. Y creo que de ese modo, con la gracia de Dios, podremos conseguir que haya paz en el mundo”.

Que en este año nuevo, la Santísima Virgen y san José nos concedan la paz que el Hijo de Dios vino a dar al mundo mediante su Encarnación.

Fuente: Dom Antoine Marie, Cartas espirituales, 21 de enero de 2003

Obedecer a Dios antes que a los hombres


En nuestros días, la cuestión de la objeción de conciencia se plantea especialmente a las personas que se ven en la disyuntiva de aplicar leyes homicidas que autorizan el aborto o la eutanasia. En su Encíclica Evangelium vitae del 25 de marzo de 1995, el Papa Juan Pablo II enseñaba al respecto: “Así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas (Rm 13, 1-7), pero al mismo tiempo enseñó firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5, 29)”

Jägerstätter sigue el dictado de su conciencia para obedecer a Dios y salvar su alma. “La conciencia -escribe san Buenaventura- es como un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. Y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar”.

Antes del juicio, el abogado de Franz, Feldmann, que quiere salvar a toda costa la vida de su cliente, consigue que el reo pueda reunirse cara a cara con sus jueces. Estos le exhortan a “no obligarles a condenarlo a muerte”, aceptando servir en una unidad sanitaria. Pero Franz declina el ofrecimiento, pues tendría que prestar el juramento de obediencia incondicional, lo que no quiere hacer a ningún precio. El fallo del tribunal militar de Berlín, fechado el 6 de julio de 1943, constata que ese rechazo del servicio de las armas es un crimen punible según la ley del Reich, y que los motivos de conciencia alegados no son admisibles y que no se considera al acusado enfermo mental. Franz es condenado a muerte.

El 8 de agosto de 1943, Franz es trasladado a la prisión de Brandeburgo. Ese mismo día, Franz escribe a los suyos: “¡Me habría gustado tanto ahorraros todo este sufrimiento que debéis soportar por mi causa! Pero ya sabéis lo que dijo Cristo: El que quiere a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí (cf. Mt 10, 37)”. En su carta de despedida, escrita pocas horas antes de la ejecución, añade: “Doy gracias a nuestro Salvador por el hecho de poder sufrir e incluso morir por Él. Espero que Dios se digne aceptar la ofrenda de mi vida en sacrificio de expiación no solamente por mis pecados, sino también por los de los demás”. Luego, recomienda que no se alimenten pensamientos de ira ni de venganza contra nadie: “Durante todo el tiempo que un hombre esté vivo, es nuestro deber ayudarle con nuestro amor para que camine por el camino del Cielo”.

A las 16 horas del 9 de agosto, Franz Jägerstätter es decapitado. La noche del mismo día, el padre Jochmann, capellán de la prisión, declara a las religiosas austríacas que rigen una clínica en Brandeburgo: “No puedo más que felicitarles por tener semejante compatriota, que ha vivido como un santo y ha muerto como un héroe. Tengo la certeza de que ese hombre sencillo es el único santo que he tenido la oportunidad de encontrar en la vida”.

El padre Kreuzberg, que ha conocido a Franz durante sus últimos días, se preguntará más tarde: “¿De dónde procede la determinación de ese hombre sencillo? Sus cartas nos enseñan hasta qué punto vivía de las grandes verdades de la fe católica: Dios, el pecado, la muerte, el juicio final, la eternidad, el Cielo y el infierno; había recibido esas verdades en el transcurso de las homilías parroquiales del domingo. De manera especial, la idea de la eternidad y de los gozos del Cielo fue para él una gran ayuda y un precioso consuelo en sus sufrimientos y en la dolorosa despedida a su familia”.

Beato Franz Jägerstätter, concédenos poder seguir la voz de nuestra conciencia, guiados por nuestra Madre la Santa Iglesia, sin permitir que nos detenga ninguna consideración humana.

Fuente: Dom Antoine Marie, Cartas Espirituales, Abadía San José de Clairval

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